Honduras: cuartelazo anónimo

Que cosa más vieja

Publicada en EL TIEMPO

2 de julio, 2009

¡Pensar que ya habíamos superado el ambiente que narraban aquellos cuentos cortos las prosapias de los líderes de las repúblicas bananeras, su corrupción y los vaivenes para mantener unida la gesta dictatorial de esos tiempos! Pero como si tratase de una remembranza de narraciones costumbristas, la semana pasada presenciamos la odisea del presidente de Honduras cuando sacado en pijama de su residencia, militares encapuchados lo expulsaron del país con fines bastante contundentes. Que la anterior escena se clasifique como un golpe de estado, no cabe la menor duda, aunque por el momento no se conozca quién dispuso la orden, quién la recibió, y cuántas personas estuvieron involucradas, fueron militares quienes derrocaron al presidente; y eso, técnica y políticamente es un golpe de estado, tal cuartelazo anónimo.

La sucesión forzada que devino a la crisis tras las controversias entre el Ejecutivo y los jueces hondureños sobre la legalidad de la consulta para autorizar una “cuarta urna”, no justifica que un presidente elegido por el pueblo y constitucionalmente refrendado, sea depuesto como paria y así deportado sin garantías al debido proceso. La consulta convocada por Zelaya no buscaba autorizar la reelección como de manera equívoca muchos analistas y prensa se acuciaron a titular. Zelaya pretendía consultar al pueblo sobre una “cuarta urna” en las próximas elecciones de noviembre, para evaluar la viabilidad de una Asamblea Constituyente. Entre las reformas que se pretendían efectuar, si esa Asamblea prosperaba, era la reelección, pero algo muy distinto es que mediante la “encuesta” –patentemente inconstitucional – se permitiera directamente el nuevo periodo.

Es cierto que el presidente Zelaya desacató varias decisiones judiciales, y el Congreso Nacional lo desaprobó por abuso administrativo. Sin embargo, sería inconcebible pensar que algún civil y menos aun que algún Jefe de Estado, sea requerido por una Corte que autorice su aprehensión incluyendo su exilio, sin que surta paralelamente un proceso ordinario por los injustos que se hayan podido cometer. Sobre este último en particular obedecen las condenas que la comunidad y organismos internacionales han declarado abiertamente en defensa de la democracia y el Estado de Derecho.

A pesar de la condena, el gobierno de Micheletti de manera maratónica ha tratado conseguir reconocimiento internacional, destituyendo agentes diplomáticos, cual tarea parecida al ajetreo legislativo que estuvo acostumbrado como presidente del Congreso. Tarea que no deja de ser obstinada y obtusa pretender un reconocimiento por parte de otros Estados y de organismos como la ONU, la OEA, la Unión Europea, BID, y los grupos subregionales, máxime cuando éstos mediante resoluciones y directivas ya han dejado por sentado su rechazo al golpe.

Por su parte, en la OEA, a la espera de los resultados de la visita del Secretario General a Tegucigalpa, es muy difícil encontrar un escenario en el que el gobierno interino reconozca sus desaciertos en tanto que quebrantó todos los principios del organismo. Se desemboca así una posibilidad corolaria de todo el panorama: una expulsión de Honduras de la OEA, vencido el término de 72 horas, hasta que se restituya el presidente Zelaya, o se celebren las nuevas elecciones en noviembre.

Así las cosas, la comunidad internacional no asfixia al gobierno provisional, más bien no perdona un retroceso en el que tantas conquistas por la democracia se han batallado, y no permite una ruptura del orden constitucional vigente de un país que tanta sangre derramó por causa del intervencionismo y los juegos de poder en la región.